La trascendencia económica del turismo en México rebasa la mera captación de divisas, aporta el 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB), sostiene 4.8 millones de empleos directos y cataliza la modernización territorial a escala nacional. Actualmente el sector experimenta una coyuntura crítica, porque la política pública privilegia la edificación masiva de infraestructura y la explotación intensiva de recursos, postura que choca con la urgencia de preservar el acervo consolidado. Urge reorientar la política sectorial hacia la preservación del acervo existente y la equidad distributiva, encauzando los beneficios monetarios hacia una verdadera transformación social, que eleve las condiciones de vida de las comunidades residentes. El presente estudio analiza la relación entre la dotación de infraestructura turística y el crecimiento macroeconómico de la nación durante el periodo 2019-2024. A partir del Sistema de Cuentas Nacionales, se analiza la interacción de tres flujos financieros fundamentales: la inversión pública federal, el capital privado doméstico y la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT). El propósito consiste en cuantificar la repercusión de los activos fijos sobre la competitividad sectorial. ¿Se han materializado los recientes megaproyectos de conectividad y el frenesí inmobiliario en un dinamismo financiero tangible tras el embate sanitario? La evidencia empírica proporciona respuestas contrastantes. Los hallazgos de esta evaluación documentan la existencia de una evidente “paradoja de la productividad”. Un incremento sin precedentes en el stock físico del país convive con la degradación de la eficiencia marginal del capital y una caída del 18.7% en la intensidad laboral. Esta profundización de los recursos materiales renueva la planta turística, pero castiga el potencial del sistema para crear empleos de alta calidad. La conectividad material conforma un requisito ineludible, aunque insuficiente para materializar un desarrollo regional integral. Replantear la política sectorial exige abandonar la simple acumulación de activos para privilegiar una gobernanza centrada en la administración estratégica del valor. Operativizar esta transición demanda una ruta metodológica sustentada en tres ejes rectores: la recualificación del capital humano frente al paradigma digital, el mantenimiento preventivo sistemático de las obras para frenar su obsolescencia y la neutralización rigurosa de las externalidades ambientales. Únicamente bajo estas coordenadas estructurales la renovación de la planta física logrará traducirse en un esquema que distribuya la riqueza con equidad social, atenúe las asimetrías territoriales y blinde la viabilidad ecológica en el largo plazo.
