El propósito de esta normativa es fomentar la realización de iniciativas de inversión pública que tengan un impacto tanto regional como local, involucrando al sector privado a través de la firma de acuerdos con los gobiernos regionales y/o municipales.
Acorde a lo estipulado en la presente normativa, las entidades privadas que formalicen acuerdos podrán financiar y/o llevar a cabo proyectos de inversión pública en infraestructura que deberán estar alineados con las políticas y planes de desarrollo a nivel nacional, regional y/o local, y poseer la declaración de viabilidad, que detalle la valoración implícita del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP.
La elaboración y administración de los registros de proyectos de inversión priorizados se realizan de forma colaborativa entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la entidad encargada de las inversiones en el país, Proinversión.
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