Esta ley promueve el desarrollo e ingreso de la inversión privada, tanto nacional como extranjera como mecanismo para generar crecimiento económico y fuentes de empleo para los hondureños en los principales sectores estratégicos de la economía del país.
Ofrece beneficios fiscales en función de la inversión a llevar a cabo en el país, tales como la amortización a largo plazo de algunos de los gastos pre-operativos elegibles recogidos en la ley o la exoneración parcial del Impuesto Sobre la Renta, entre otros.
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