El objetivo de la presente Ley es impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales.
En el marco de lo establecido en la presente Ley, las empresas privadas que firmen convenios podrán financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura que deberán estar en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad, que especifique la valorización implícita del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP.
La creación y gestión de los listados de proyectos de inversión priorizaos se llevan a cabo de manera conjunta entre el Ministerio de Economía y finanzas y el organismo responsable de las inversiones en país Proinversión.